Pero será la tenacidad del senador Manuel José Irarrázaval, la que pondrá al tapete de la discusión parlamentaria el tema de la autonomía de las municipalidades.
El 22 de diciembre de 1891 se aprueba la Ley Orgánica de Municipalidades, llamada de la Comuna Autónoma, porque constituye el punto de partida de la au- tonomía del poder municipal, que hoy consideramos como natural. Esta ley, en concordancia con el artículo 113 de la Constitución, establece "Habrá una municipalidad en todas las capitales de Departamento y en las demás poblaciones en que el Presidente de la República, oyendo el Consejo de Estado, tuviere por conveniente establecerla"5. En virtud de estas disposiciones "...se hizo en el citado año de 1891 el reparto inicial de las comunas del país, el que quedó conformado por 250 organismos autónomos: 75 correspondientes a las cabeceras de Departamento y 195 creadas en diversas poblaciones de la República"6.
De esta forma en el departamento de Rere se crearon tres municipalidades o comunas: Yumbel, San Luis Gonzaga y Tucapel. Pero aún así, la normativa no resultó en la práctica como idealmente se espera- ba. Más tarde viene la reforma a la ley, en 1914, y luego la nueva Constitución de 1925. Quedando siempre las municipalidades sin las grandes atribuciones que se perfilan como básicas hoy. "En este contexto los municipios se encontraban desacreditados y cumplían un deslucido papel, el régimen militar de 1973 procedió a introducir modificaciones substanciales en la legislación pertinente, asignando al municipio funciones importantes ligadas directamente con la calidad de vida de la comunidad".
La actual Constitución establece: "Las municipalidades son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna". Y por último la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, publicada en el Diario Oficial el 31 de mayo de 1988, y sus modificaciones terminan por dar un marco jurídico moderno, el que, junto con una mayor participación de la ciudadanía, una adecuada dotación de recursos humanos y financieros, permite mejorar efectivamente la calidad de vida de sus habitantes.
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